1. Acceso Universal a Educación Preescolar y de Primera Infancia

Garantizar cobertura nacional y acceso a centros educativos bien equipados con personal calificado para la educación preescolar y de primera infancia.

1.1 Alineación interinstitucional en políticas de primera infancia: Operativizar una política pública cohesiva y coherente en primera infancia en base a la Ley 171 de 2020 sobre Protección Integral a la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil Temprano.

1.2 Ampliar la cobertura de 0 a 5 años: Facilitar la expansión y el registro de centros de educación inicial y centros de estimulación temprana para mejorar el acceso a nivel nacional.

1.3 Calidad y continuidad en la educación preescolar y de primera infancia: Asegurar una educación de alta calidad y sin interrupciones para la primera infancia, proporcionando equipamiento adecuado para la estimulación temprana y formación especializada para los docentes, junto con nombramientos oportunos del personal.

2. Bienestar Integral del Estudiante

Establecer las instituciones educativas como torres de control de las intervenciones en niñez y adolescencia. Garantizando derechos, seguridad y bienestar integral de niños, niñas y adolescentes durante el ciclo educativo.

2.1 Nutrición y alimentación escolar: Asegurar la disponibilidad de alimentos saludables y la eficiente operatividad de comedores escolares, con una revisión periódica del plan de nutrición.

2.2 Servicios de salud en las escuelas: Proveer servicios integrales de salud, incluyendo jornadas de vacunación, ampliación de gabinetes psicopedagógicos para la salud mental y acceso a currículum de educación sexual y reproductiva. Igualmente, asegurar acceso a servicio ininterrumpido de agua.

2.3 Transporte accesible y seguro: Abordar y mitigar los riesgos asociados con la movilidad y el transporte escolar, garantizando un acceso seguro a lo largo del ciclo educativo, particularmente durante la educación media.

3. Modernización y Descentralización de la Gestión Educativa

Implementar sistemas modernos y descentralizar la gestión operativa para mejorar la eficiencia y satisfacer las necesidades de las distintas partes involucradas.

3.1 Selección no politizada de personal educativo: Asegurar procesos transparentes y basados estrictamente en méritos para la selección de puestos en el sistema educativo.

3.2 Gestión efectiva del personal docente: Organizar y mejorar la asignación, gestión y el monitoreo de los docentes, tanto temporales como permanentes, y tutores vocacionales, asegurando su adecuada distribución y eficacia en los pagos.

3.3 Formación y empoderamiento de directores regionales, supervisores y directores escolares: Fortalecer los roles administrativos y el proceso de toma de decisiones para agilizar la ejecución de políticas y programas educativos.

3.4 Operativizar el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente (IPEBI): Garantizar el presupuesto y recursos necesarios para el Instituto a fin de permitir la formación continua y efectiva de los docentes, asegurando así su sostenibilidad y eficacia.

3.5 Invertir en la formación del docente: Desarrollar programas de formación inicial y selección de docentes que responda a las necesidades educativas y que se base en el desarrollo de capacidades de enseñanza integrales.

3.6 Uso efectivo del FECE (Fondo de Equidad y Calidad Educativa): Simplificar y optimizar el uso del FECE, incluyendo la gestión responsable de los excedentes.

3.7 Eficiencia en la ejecución curricular: Fortalecer la capacidad de los docentes para ejecutar el currículo de manera efectiva, con un enfoque en reducir la cantidad de contenidos y priorizar los aprendizajes básicos.

3.8 Invertir en el desarrollo de un Instituto Independiente de Evaluación Educativa: Creación y financiación de un Instituto de Evaluación Educativa independiente del MEDUCA. Este instituto tendría como objetivo principal el monitoreo, análisis y reporte continuo del desempeño y calidad del sistema educativo a nivel nacional.

4. Desarrollo en Educación Superior y Técnica de Habilidades Esenciales y Relevantes al Mercado

Fomentar en la educación superior y técnica el desarrollo de competencias prácticas y teóricas alineadas con los desafíos actuales y futuros del mercado laboral.

4.1 Asegurar la actualización continua de los currículums de educación técnica: Alinear la oferta educativa con la demanda del mercado laboral y la integración de tecnologías emergentes, asegurando que los currículos respondan a las necesidades actuales y futuras.

4.2 Apoyo y sostenibilidad para la educación técnica superior: Asegurar la financiación necesaria para la continuidad y el desarrollo del ITSE, INADEH y otros espacios de educación técnica superior, incluyendo en áreas rurales, y fomentando alianzas público-privadas que fortalezcan estos espacios educativos.

4.3 Transparencia y modernización en la gestión de becas, créditos y auxilios económicos del IFARHU: Despolitizar y fortalecer los mecanismos de entrega de fondos, implementando procesos transparentes y eficientes, transicionando los fondos de Auxilios Económicos a becas concursables en base a méritos y/o necesidad.

5. Implementación de Estrategias para Abordar el Rezago Educativo y Recuperar el Aprendizaje Post-Pandemia

Abordar los vacíos educativos como resultado de la pandemia y los cierres extendidos de escuelas durante 2022 y 2023.

5.1 Priorización de la educación presencial: Establecer como política prioritaria la educación en persona, evitando a toda costa el cierre de escuelas y elevando el número de días en las escuelas, para asegurar la continuidad y estabilidad del aprendizaje de los estudiantes.

5.2 Enfoque continuo en la recuperación del aprendizaje: Implementar estrategias continuas y adaptativas para abordar el rezago educativo y recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia, utilizando y maximizando los recursos educativos como el programa PRISA (Programa de Recuperación Integral de Saberes y Aprendizajes).

5.3 Programas educativos extraescolares: Desarrollar e implementar programas enfocados en la recuperación y refuerzo del aprendizaje, especialmente en áreas críticas afectadas por los cierres de escuelas recientes, utilizando enfoques como tutorías sistematizadas y apoyo adicional eficiente ejecutado por terceros.

6. Reforma Integral del Sistema Educativo

Inversión por parte del Estado en la renovación de pilares fundamentales del sistema educativo, mediante una planificación estratégica y la participación activa de diversos sectores.

6.1 Innovación en modelos de operación, financiación y gestión educativa: Revisar y modernizar la financiación y gestión de las escuelas públicas y privadas, centrándose en modelos que atiendan las necesidades específicas de cada estudiante para promover equidad y eficiencia. Incluye la exploración de nuevos tipos de instituciones educativas, como las escuelas concertadas y programas de bachilleratos internados, para mejorar la gestión y calidad de la educación.

6.2 Actualización de la legislación educativa: Revisar y modernizar la Ley Orgánica de Educación para asegurar que refleje las necesidades actuales del sistema y que fomente prácticas inclusivas y contemporáneas.

6.3 Fortalecer el rol del COPEME: Asegurar su operatividad y capacidad técnica para dar seguimiento y monitorear los avances en la implementación de las políticas públicas acordadas en el Compromiso Nacional por la Educación.

6.4 Revisión de grado de obligatoriedad: Asegurar la obligatoriedad de la educación desde preescolar hasta 12vo grado como vehículo para minimizar la exclusión educativa y fomentar el desarrollo integral de los estudiantes.

6.5 Revisión y coherencia del currículo: Actualizar y mantener la coherencia de la malla curricular, incluyendo la continuidad y fortalecimiento de programas existentes, y asegurando que los contenidos sean relevantes y actualizados con un enfoque en los derechos fundamentales de aprendizaje.

6.6 Revisión estratégica de oferta de bachilleres a nivel nacional: Análisis comprensivo de las alternativas de bachiller ofrecidas en los centros a nivel nacional para mayor efectividad y para una transición a educación superior y al mercado laboral acorde a las oportunidades.

6.7 Aumento de horas de escolaridad: Asegurar jornadas completas en los centros educativos.

6.8 Cerrar la brecha entre oferta y demanda en el sistema educativo: Evaluar y priorizar la demanda de escuelas, sustituyendo las escuelas multigrado por escuelas completas, a lo largo del país para asegurar acceso.

1. Priorización y Garantía de Fondos para Instituciones Clave (Instituto Oncológico Nacional, el Hospital Santo Tomás y el Hospital del Niño)

Asegurar y priorizar a lo largo de la administración la disponibilidad de fondos necesarios para el funcionamiento óptimo de estas instituciones, incluyendo la dotación de recurso humano idóneo, insumos médicos y equipamiento avanzado.

2. Abordar Temas Estructurales de Carácter Impostergable en los Primeros 100 Días

2.1 Toma de decisiones críticas para atender la situación del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS.

2.2 Análisis de gobernanza, operación y rendimiento de CSS para optimizar su eficiencia y capacidad operativa.

2.3 Creación de un sistema interconectado de datos y perfiles de salud: Desarrollar un sistema centralizado para recopilar y analizar datos de salud, incluyendo estadísticas sobre enfermedades como la epilepsia y otras afecciones crónicas, y que establezca expedientes únicos de pacientes para uso de CSS y MINSA.

3. Acceso Equitativo y la Disponibilidad de Medicamentos

Implementar estrategias integrales para mejorar la distribución y la asequibilidad de los medicamentos.

3.1 Garantizar el abastecimiento a nivel nacional: Establecer protocolos efectivos para el monitoreo y la gestión de inventarios de medicamentos, asegurando un abastecimiento constante y evitando escasez, especialmente en áreas remotas.

3.2 Sistematizar el proceso único de compras: Realizar una revisión exhaustiva del sistema de compra de medicamentos, equipo e insumos médicos para garantizar su disponibilidad.

3.3 Actualizar proceso de registro sanitario y covalencia de medicamentos: Analizar y optimizar los procesos de registro sanitario para medicamentos, buscando agilizar su aprobación sin comprometer la seguridad. Esto incluye la exploración de sistemas de covalencia para reconocer y aceptar registros aprobados en otras jurisdicciones confiables, reduciendo redundancias y acelerando el acceso a tratamientos esenciales.

3.4 Disponibilidad de quimioterapia y otros tratamientos especializados: Aumentar la disponibilidad y accesibilidad de tratamientos especializados como la quimioterapia y diálisis, especialmente en hospitales y clínicas de áreas menos atendidas.

4. Inversión en Salud Preventiva y Comunitaria

Implementar estrategias enfocadas en fortalecer la atención primaria como pilar esencial de la prevención, la promoción de la salud, la eficiencia de los servicios y el manejo integral de las necesidades de salud de la población.

4.1 Reducción de tiempos de asignación de citas y entrega de resultados: Analizar oportunidades de mejora rápida, incluyendo implementación de sistemas de información de salud electrónicos, garantía de insumo y reorganización de flujos de trabajo para agilizar el proceso de diagnóstico y tratamiento.

4.2 Reactivación y actualización de censos de salud preventiva: Realizar censos actualizados para identificar necesidades específicas de salud en la comunidad y dirigir políticas y recursos de manera más efectiva.

4.3 Enfoque en la salud mental: Incluir la salud mental como un pilar fundamental en la agenda de salud, mejorando el acceso y la calidad de los servicios de salud mental en Panamá.

4.3.1 Formación y especialización de profesionales: Promover la formación y especialización en psiquiatría, psicología clínica y paidopsiquiatría.

4.3.2 Integración de la salud mental en la atención primaria: Facilitar el acceso temprano al diagnóstico y tratamiento.

4.3.3 Aumento de la inversión en salud mental: Asignar un mayor presupuesto específico para los servicios de salud mental, incluyendo la creación y mejora de instalaciones dedicadas y la operatividad de la Ley de Salud Mental.

4.3.4 Replantear estrategias de adicciones con un enfoque en salud mental: Cambiar el enfoque hacia un modelo centrado en la salud mental, tratando la adicción como una cuestión de salud pública que requiere intervenciones terapéuticas, apoyo psicológico y programas de rehabilitación, en lugar de un enfoque punitivo.

4.4 Acceso equitativo a información y herramientas de planificación familiar a nivel nacional: Asegurar la distribución de recursos educativos, la capacitación de profesionales de la salud, y la provisión de métodos anticonceptivos y servicios relacionados, tomando en cuenta consideraciones culturales relevantes.

5. Expansión y Eficiencia de Recursos Humanos

Invertir en estrategias para aumentar y optimizar el personal en el sector de la salud, con enfoque en cubrir áreas con déficit de especialistas y mejorar la gestión de los recursos humanos existentes.

5.1 Creación de plazas para especialidades con escasez: Establecer programas para abrir nuevas plazas en especialidades médicas donde existe una falta de profesionales.

5.2 Simplificación de la burocracia para reconocimiento de estudios extranjeros, incluyendo de personas inmigrantes: Agilizar y simplificar el proceso de validación de títulos y estudios realizados en el extranjero.

5.3 Optimización del proceso de nombramiento y acreditación de profesionales de la salud: Mejorar y agilizar los procesos de nombramiento y acreditación de idoneidad para profesionales de la salud.

5.4 Capacitación en administración y gestión de proyectos de salud: Desarrollar programas de formación para el personal administrativo en gestión y manejo de proyectos relacionados con infraestructura de salud.

6. Inversión en Infraestructura Adecuada para Atención de Temas Prioritarios de la Salud

Asegurar que dentro del presupuesto de la salud se contemplen fondos específicos para desarrollar y mejorar la infraestructura necesaria en áreas de alta prioridad en base a morbilidad, como centros oncológicos, unidades de cardiología y hemodiálisis, garantizando así una atención médica más efectiva y accesible.

6.1 Finalización y seguimiento de obras en centros de salud: Asegurar la conclusión de obras e infraestructura pendiente en centros de salud y hospitales, con un seguimiento riguroso para evitar demoras adicionales.

6.2 Mejorar la eficiencia en el proceso de licitación en el sector salud: Revisar y optimizar los procesos de licitación en el sector salud, con el objetivo de agilizar la adquisición de equipos médicos, medicamentos y servicios, garantizando transparencia y competencia justa.

6.3 Descentralización del tratamiento de cáncer: Construir sedes regionales del Instituto Oncológico Nacional para facilitar el acceso a tratamientos de cáncer en diversas regiones del país.

6.4 Implementar la Ley de Hemocentro: Acelerar la implementación de la reglamentación de la Ley, lo que incluye construir y equipar Hemocentro, garantizando recursos necesarios para su operación efectiva.

6.5 Desarrollo de centros de cardiología: Priorizar la creación y equipamiento de centros de cardiología adicionales, considerando la alta demanda y el impacto en la agenda de operaciones quirúrgicas.

6.6 Aumento de salas de hemodiálisis: Expandir el número de salas de hemodiálisis para satisfacer la necesidad actual de estos servicios.

1. Priorizar las Políticas Públicas para Reducir la Pobreza y Pobreza Multidimensional

Garantizar que los tomadores de decisión estén equipados con información precisa y comprensiva para diseñar intervenciones efectivas que aborden todas las facetas de la pobreza, y asegurar que las políticas públicas estén informadas por un conocimiento profundo de las realidades en terreno, facilitando así una acción gubernamental más transparente, eficaz y equitativa.

1.1 Publicar Cifras Anuales de Pobreza por Ingresos: Comprometerse a la publicación anual y transparente de las cifras de pobreza basadas en ingresos, para monitorear continuamente la eficacia de las políticas implementadas y ajustarlas según sea necesario.

1.2 Reactivar y Publicar el Cálculo de Cifras Anuales del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Continuar con este ejercicio técnico anual que considera aspectos como educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos, para una comprensión más multidimensional de la pobreza y del impacto de las políticas públicas coordinadas sobre la misma.

1.3 Reactivar y Publicar el Cálculo de IPM de Niños, Niñas y Adolescentes: Continuar con este ejercicio técnico bianual que analiza las privaciones en torno a pobreza en niños, niñas y adolescentes y sirve como herramienta guía para políticas focalizadas.

1.4 Utilizar Datos de Censo para Cálculo de IPM por Corregimiento: Calcular y presentar resultados de IPM por Corregimiento con datos del Censo 2023, incluyendo línea base generada en 2020 con datos de Censo 2010.

1.5 Utilizar Resultados para Diseño de Políticas Públicas Basadas en Evidencia: Identificar y abordar específicamente las áreas críticas de necesidad, asegurando intervenciones gubernamentales más focalizadas y efectivas.

1.6 Reducción de la Pobreza Infantil: Proponer la adopción y ejecución de políticas públicas enfocadas en disminuir la pobreza infantil y la exclusión social de niños y adolescentes.

1.7 Fomento de la Inclusión Económica y Disminución de la Pobreza General: Iniciar un compromiso para desarrollar y aplicar políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza multidimensional. Esta propuesta incluirá asegurar el acceso a programas de protección social y proporcionar herramientas para la inclusión económica, promover capacidades productivas, medios de vida sostenibles y la disminución del desempleo.

2. Priorizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes

Adoptar como prioridad un conjunto de medidas para hacer operativo el Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, implementando de manera articulada la Ley 285 de 2022 y la Ley 171 de 2020, para asegurar el desarrollo pleno de niñas y niños desde la primera infancia hasta la adolescencia.

2.1 Implementación y monitoreo de la Ley 285 y la Ley 171: Ejecutar un plan maestro de desarrollo del Sistema de Protección Integral de Niñez, que organice por fases el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos que le conforman, atendiendo las necesidades presupuestarias, de capacitación, y de desarrollo de servicios para su operatividad.

2.2 Reducción de la violencia contra la niñez: Comprometerse con adoptar y ejecutar políticas públicas focalizadas en la reducción de la violencia contra la niñez y la adolescencia, priorizando la prevención de la violencia sexual, del embarazo adolescente, la violencia en el hogar y la violencia en las escuelas, con el desarrollo de programas de prevención y de respuesta a la violencia con visión integral.

2.3 Desarrollo pleno de niñas, niños y adolescentes: Adoptar medidas y programas para promover el fortalecimiento familiar, y el acceso a espacios seguros de recreación, arte, cultura, deporte, STEAM, emprendimiento, entre otras actividades que fomenten el talento en las niñas, niños y adolescentes en las áreas con mayor incidencia de pobreza infantil, promoviendo su desarrollo pleno e integral.

2.4 Recursos y capacitación para la operatividad: Asegurar la asignación de recursos financieros y humanos suficientes para la implementación de las leyes, incluyendo la formación de profesionales en áreas clave como psicología, trabajo social y derecho de familia.

3. Maximización del Potencial de la Economía Plateada y Fomento de un Envejecimiento Activo y Saludable

Reconocer el valor económico y social de la población adulto mayor y centrar acciones y políticas en torno a cómo las personas mayores pueden continuar contribuyendo y participando activamente en la economía.

3.1 Fomento e investigación en la economía plateada: Promover la investigación y el desarrollo de servicios orientados a las necesidades de los adultos mayores, incentivando la innovación en este segmento de mercado.

3.2 Desarrollo integral de políticas para adultos mayores: Operativizar y dar continuidad post 2025 al Plan Nacional a favor de las Personas Mayores de Panamá (2022 – 2025) que conlleva programas de envejecimiento activo y saludable.

3.3 Educación continua y capacitación para adultos mayores: Ampliar las oportunidades de educación para adultos mayores, incluyendo programas en universidades y centros de formación profesional, facilitando su adaptación al cambiante entorno del siglo XXI.

3.4 Inclusión social y participación comunitaria: Establecer programas que fomenten la inclusión social y la participación activa de los adultos mayores en la vida comunitaria, creando espacios de interacción intergeneracional que promuevan el intercambio de experiencias y conocimientos.

4. Garantizar un Abordaje Continuo de las Necesidades de las Personas en Situación de Calle

Asegurar un sistema integral y sostenible que atienda de manera continua las necesidades de las personas en situación de calle. El objetivo es no solo proporcionar asistencia inmediata como alojamiento y alimentos, sino también ofrecer servicios a largo plazo que incluyan atención médica, apoyo psicológico, oportunidades de formación y empleo, y asistencia en la reintegración social.

5. Establecer una Política Nacional de Cuidados y Dar Continuidad a las Prioridades Definidas en los “Lineamientos Generales de la Política Pública de Cuidados”

Apalancarse de las iniciativas y propuestas definidas por las administraciones anteriores en temas de cuidados, en diferentes etapas de la vida, para asegurar un abordaje integral.

5.1 Creación de infraestructura de cuidados: Desarrollar y ampliar la infraestructura para cuidados, incluyendo centros especializados y la provisión de recursos necesarios.

5.1.1 Garantizar la operación, supervisión y financiación de los albergues existentes administrados por organizaciones sin fines de lucro que brindan al estado servicios de cuidados para NNA y adultos dependientes que no pueden ser desinstitucionalizados.

5.2 Capacitación y profesionalización del personal de cuidados: Implementar programas de formación y certificación para cuidadores, tanto profesionales como familiares. Estos programas deberían enfocarse en mejorar las competencias y habilidades del personal, asegurando un cuidado de calidad y adaptado a las necesidades específicas de cada grupo demográfico.

1. Gestión Eficiente de Recursos Hídricos

Promover un enfoque integral y sostenible en la gestión de recursos hídricos, esencial para preservar el bienestar ecológico, social y económico de Panamá.

1.1 Garantía del suministro de agua potable a nivel Nacional: Priorizar un suministro continuo y seguro de agua potable para todos los ciudadanos.

1.2 Conservación y mantenimiento de cuencas y desembocaduras: Priorizar la protección y el mantenimiento efectivo de cuencas y desembocaduras en todo el país.

1.3 Garantía de suministro de agua para operatividad del Canal: Adopción de políticas y tecnologías que optimicen el uso y distribución del agua, y la inversión en infraestructura para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico.

1.4 Construcción de reservorios de agua: Priorizar la construcción de reservorios de agua como medida preventiva contra la escasez hídrica. Estos reservorios serían esenciales para gestionar los recursos de manera más eficiente, especialmente en periodos de sequía.

2. Acción Coordinada para Mitigación de Cambio Climático y Protección de los Ecosistemas

Promover una respuesta integral y proactiva frente al cambio climático y la conservación de la biodiversidad en Panamá.

2.1 Revisar y ejecutar las acciones frente al cambio climático en la Agenda Nacional: Evaluar las metas establecidas en La Estrategia Nacional Socioeconómica, Inclusiva, Baja en Emisiones y Resiliente al Cambio Climático de la República de Panamá al 2050, La Estrategia Nacional de Cambio Climático 2050 y las políticas y acciones transversales asociadas para mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, incluyendo medidas como la reforestación, protección de zonas costeras y promoción de prácticas agrícolas y urbanísticas sostenibles, complementadas con protocolos de repuestos rápida ante emergencias climáticas y estrategias de comunicación para sensibilizar a la población.

2.2 Optimización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: Verificar y actualizar los planes de manejo de las áreas protegidas, y asegurar la asignación de guardabosques y recursos necesarios para su mantenimiento y protección efectiva.

2.3 Conservación y restauración de ecosistemas: Implementar proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, como manglares y bosques, que actúan como barreras naturales contra eventos climáticos extremos y contribuyen a la regulación del clima local.

2.4 Implementar de manera eficiente y con total transparencia el proceso de cierre ordenado de la mina.

3. Operativización de Políticas Ambientales Existentes

Fortalecer y efectivizar las políticas y programas ambientales existentes en Panamá para asegurar su plena implementación y el logro de sus objetivos.

3.1 Reorientación y activación de Fideicomiso Ambiental: Puesta en marcha efectiva del Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en base a sus objetivos originales, asegurando que los fondos y recursos asignados se utilicen de manera eficiente y transparente para proyectos de conservación y protección ambiental.

3.2 Financiamiento de la Ley de Incentivos Forestales: Proponemos asegurar la financiación y aplicación práctica de la Ley 69 de 2017, que establece incentivos para la forestación y reforestación, para maximizar su impacto en la conservación forestal.

3.3 Revitalización de la Alianza por el Millón: Renovar y revitalizar proyecto de reforestación, asegurando su operatividad y el cumplimiento efectivo de sus metas.

3.4 Cumplimiento de acuerdos internacionales: Comprometernos con la continuidad y el respeto a los acuerdos internacionales ambientales firmados, asegurando que Panamá cumpla con sus obligaciones y contribuya activamente a los esfuerzos globales de conservación y protección ambiental.

4. Infraestructura y Planificación Urbana Sostenible

Desarrollar una infraestructura y planificación urbana que priorice la sostenibilidad, la inclusión y la adaptabilidad a las necesidades de las comunidades en Panamá.

4.1 Implementación de planes de acceso a energías limpias: Utilizar tecnologías sostenibles y eficientes para garantizar el acceso a electricidad en comunidades remotas.

4.2 Desarrollar planes de ordenamiento territorial en base a un proceso riguroso de análisis de necesidades y oferta de servicios básicos (salud, educación, agua y energía).

4.3 Promoción de soluciones habitacionales con diseño participativo: Instamos a desarrollar proyectos habitacionales, que involucren activamente a las comunidades en el proceso de diseño. Esto aseguraría que las soluciones de vivienda respondan efectivamente a las necesidades específicas de cada grupo poblacional.

4.4 Desarrollo de infraestructura resistente al clima: Impulsar la construcción de infraestructuras resilientes, especialmente en zonas propensas a inundaciones y sequías. Esto incluye la edificación de barreras contra inundaciones, sistemas de riego eficientes para épocas de sequía y construcciones reforzadas en áreas costeras para soportar el aumento del nivel del mar.

5. Desarrollo de Estrategia Integral en la Gestión de Desechos

Garantizar un manejo eficiente y sostenible de los desechos para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

5.1 Optimización de la gestión de desechos sólidos: Mejorar el manejo de desechos sólidos a nivel nacional, asegurando una recolección de desechos ininterrumpida a nivel nacional, promoviendo la reducción e impulsando la separación de residuos en origen, la recolección diferenciada y el reciclaje.

5.2 Regulación y mitigación de la quema de basura: Regular y controlar la quema de basura, especialmente en zonas cercanas a comunidades y ecosistemas vulnerables. Esto incluiría el establecimiento de leyes más estrictas, programas de vigilancia y control, así como campañas de concientización.

5.3 Desarrollo de infraestructura de gestión de residuos moderna: Planificación, presupuesto, diseño e implementación de plantas de gestión de residuos avanzadas, destinadas a reemplazar los vertederos actuales. Estas instalaciones deberían incluir tecnologías de última generación para el reciclaje, compostaje, y transformación de residuos en energía, contribuyendo así a una disminución significativa en la dependencia de los vertederos y reduciendo el impacto ambiental general.

6. Impulso al Desarrollo Sostenible Local y Economía Circular

Fomentar el crecimiento económico en comunidades a través de la promoción de la economía circular y el turismo sostenible, fortaleciendo la gestión local y las capacidades comunitarias.

6.1 Incentivos para el turismo sostenible: Aprovechar la rica biodiversidad y cultura de Panamá para atraer un turismo que respete y valore los recursos naturales y culturales.

6.2 Fomento de prácticas agrícolas sostenibles: Promover prácticas resilientes al cambio climático, como la agricultura de conservación, sistemas de riego eficientes y el uso de cultivos tolerantes a la sequía, para minimizar el impacto en la producción de alimentos y promover la seguridad alimentaria.

6.3 Desarrollo sostenible en zonas protegidas: Promover actividades sostenibles que beneficien tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.

6.4 Financiamiento para el desarrollo comunitario: Asegurar la disponibilidad de fondos para el desarrollo de proyectos comunitarios y de economía circular, promoviendo la sostenibilidad y la inclusión social, incluyendo formación para la cohesión y el empoderamiento al nivel local.

1. Estado de Derecho

La democracia demanda de instituciones sólidas que garanticen a todas las personas sus derechos en el marco del estado de derecho, esto implica adoptar medidas y políticas prioritarias para robustecer el rol del Estado, la transparencia en la gestión pública, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

1.1 Capacidad institucional: Priorizar medidas que fortalezcan la capacidad técnica del Estado, adoptando estrategias para el desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad, la generación de evidencia, toma de decisiones informadas y el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción, la transparencia, la redición de cuentas y la participación ciudadana para el fortalecimiento del Estado de Derecho.

1.2 Igualdad y no discriminación: Adoptar medidas eficaces para combatir la discriminación múltiple e interseccional, especialmente contra los pueblos originarios, las personas afrodescendientes, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, implementando acciones que aseguren su acceso a servicios básicos, programas de empleabilidad e inclusión económica, programas de protección social, asistencia humanitaria, entre otros programas.

1.3 Promover la inclusión y la no discriminación de personas con discapacidad: Fomentar la inclusión social de todas las personas con discapacidad, adoptando medidas para su participación en el desarrollo de políticas públicas y para el acceso a programas, servicios y atenciones sin discriminación alguna.

1.3.1 Políticas para la inclusión de personas con discapacidad: Fortalecer las políticas públicas que promueven la inclusión social, económica y laboral de las personas con discapacidad, y aseguren el fortalecimiento y ampliación de la red de servicios especializados por tipo de discapacidad, la asignación de recursos adecuados para su implementación, el apoyo familiar para sus cuidados.

2. Derechos de las mujeres y equidad de género

Garantizar a todas las mujeres la protección de sus derechos y la no discriminación, adoptando un conjunto de medidas para reforzar el rol de las mujeres como actores claves del desarrollo sostenible.

2.1 Fortalecer políticas para la equidad de género: Impulsar la participación activa de las mujeres en roles directivos y de liderazgo en el sector público y privado, promover la Iniciativa de Paridad de Género (IPG).

2.2 Disminuir la violencia de género contra la mujer: Comprometerse con adoptar políticas, estrategias y planes focalizados en combatir y eliminar todas las formas de violencia de género contra la mujer, con énfasis grupos vulnerables, ejecutando programas para la prevención y respuesta con visión integral y de derechos humanos.

1. Fortalecimiento de la Infraestructura de Información y Análisis para el Tercer Sector en Panamá

Desarrollar y visibilizar data para una comprensión más profunda y completa del impacto y la contribución de las Organizaciones Sin Fines de Lucro en la sociedad y la economía panameña.

1.1 Desarrollo y mejora de bases de datos y registros: Impulsar la creación y mantenimiento de registros y bases de datos actualizadas por el Ministerio de Gobierno, que reflejen de manera precisa y detallada el aporte de las OSFL al país.

1.1.1 Actualización de categorías de clasificación dentro de Asesoría Legal de MINGOB: Reformular las 10 categorías bajo las cuales se desagregan las OSFLs para asegurar registros adecuados y acordes al perfil y las intervenciones de la organización.

1.1.2 Digitalización del Formulario de Registro de Información para Asociaciones y Fundaciones de Interés Privado Sin Fines de Lucro (OSFL)

1.1.3 Establecer una ventanilla única de atención para los procesos y trámites relacionados con las OSFLs

1.2 Mejora en la recopilación y publicación de información: Incentivar desde las instituciones estatales la mejora en la calidad, cantidad y periodicidad de información recopilada y publicada relacionada con las OSFL.

1.3 Creación de una cuenta satélite para el sector sin fines de lucro: Estructurar una cuenta satélite específica para la inversión relacionada con el sector sin fines de lucro, que permita estimar de manera precisa su aporte a la economía nacional y la inversión estatal en la misma.

1.4 Inclusión de datos sobre trabajo voluntario en la Encuesta de Hogares: Modificar la Encuesta de Hogares para incluir preguntas relacionadas con el trabajo voluntario. Esto permitirá un análisis más detallado y completo del número de voluntarios y la naturaleza de su trabajo, superando las limitaciones de los actuales métodos de estimación que no consideran el trabajo no remunerado.

2. Revisión de la Ley 316 del 18 de agosto de 2022 que Regula Situaciones de Conflicto de Interés en la Función Pública

Revisar y posiblemente enmendar la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula los conflictos de intereses en funciones públicas, para asegurar que sujetos obligados sean acorde al espíritu de la Ley. Este proceso debe incluir la reglamentación de la ley para que los miembros de las Juntas Directivas de la organizaciones sin fines de lucro que no son funcionarios públicos no se les exija la declaración de bienes.

3. Revisión y Actualización Decreto Ejecutivo N° 29 de martes 22 de mayo de 2018 que Reglamenta el Otorgamiento de los Subsidios Estatales

Transicionar los parámetros que establece el D.E. Nº29 para impulsar un modelo de pago por servicios en el que el MIDES, como ente rector de la política social, establezca escalas de pago sistematizadas para las organizaciones sin fines de lucro que presten servicios de atención al Estado.

4. Fomento de la Participación Activa de OSFL en Espacios Multisectoriales

Garantizar que las OSFL sean socios activos en la construcción de un Panamá más inclusivo y sostenible, aprovechando su experiencia y conocimiento para mejorar la eficacia de las políticas públicas.

4.1 Crear y promover espacios de colaboración multisectorial: Incentivar la formación de espacios donde las OSFL puedan colaborar activamente con el gobierno, el sector privado y otros actores sociales.

4.2 Participación de OSFL en la formulación de políticas: Asegurar que las OSFL tengan un papel significativo en la formulación de políticas y programas nacionales, especialmente en aquellos que afectan directamente a los sectores que sirven. Esto implica garantizar su representación y voz en comités, foros y mesas de trabajo.